El ministro de Justicia de España, Juan Carlos Campos inauguró en Madrid, el I Congreso Infancia y Adolescencia y en su intervención, señaló que la Administración de Justicia debe contribuir a minimizar en todo lo posible el sufrimiento de las niñas y niños afectados por los asuntos que llegan a los tribunales.
En el evento organizado por la Plataforma Derecho y Familia, y los Colegios de Abogados de Madrid (ICAM) y Barcelona (ICAB), Campos hizo hincapié en la necesidad de que los poderes públicos doten a la sociedad de herramientas para gestionar los problemas desde la responsabilidad, el diálogo y el pacto. Concretamente, se refirió al Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, impulsado desde el Gobierno y, actualmente, en tramitación en el Congreso.
Del mismo modo, señalado la necesidad de fomentar el uso de otras formas de resolver los conflictos, como los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), previsto en el Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia. El objetivo, señaló Campo, es que se consiga que “solo unos pocos asuntos de familia lleguen a los tribunales; solo aquellos para los que la jurisdicción sea el sistema adecuado”.
En ese sentido, el ministro indicó que eso significará que se ha “devuelto a las familias su capacidad para gestionar el conflicto; un conflicto que nadie como ellas conocen y nadie como ellas pueden solucionar, en beneficio, siempre, de sus hijas e hijos, y especialmente de los menores de edad”.
En su alocución, el ministro de Justicia se refirió al plan Justicia 2030, en el que se ha tomado especialmente en consideración a estos colectivos, en la línea seguida por la agenda 2030 de Naciones Unidas, cuyo objetivo 16 contempla la supresión de la violencia contra los niños y niñas”.
En el acto inaugural, también han intervenido, junto el ministro de Justicia, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; los decanos de la Abogacía de Madrid y Barcelona, José María Alonso y María Eugenia Gay; y el presidente de la Plataforma Familia y Derecho, Xavier Abel.
