Entidades sociales como Aldeas Infantiles SOS, Caritas, Cruz Roja Juventud, Unicef España, Fundación Raíces, Coordinadora de Barrios, Asociación Española de Ayuda al Refugiado y otras 16 entidades más, presentaron un documento, en el marco del trámite de consulta pública abierto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde elaboran propuestas de modificación que tiene como objetivo garantizar la plena y efectiva integración en la sociedad española de los niños, niñas y jóvenes migrantes, de acuerdo con la legislación nacional e internacional que garantiza la protección de los Derechos Humanos, y, en especial, los Derechos de la infancia.
Dicho documento se centra en los artículos relativos a la identificación, documentación, tramitación y renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo de los niños, niñas y adolescentes que han llegado solos a España y que han estado bajo la guarda y/o tutela de las entidades públicas de protección de las Ciudades y Comunidades Autónomas. Siguiendo la línea de las recomendaciones del Defensor del Pueblo ya aceptadas por el Ministerio, se plantea la necesidad de una modificación exhaustiva de los artículos 196, 197 y 198, y, dando un paso más, se proponen modificaciones de los artículos 148, 190 y 211 del mismo texto reglamentario.
Además, se incluyen varias Disposiciones Transitorias para la aplicación retroactiva del Reglamento, con el objetivo de documentar a todos los jóvenes que, si bien fueron menores de edad desde el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad, no accedieron a su documentación a pesar de tener derecho a ello, lo que les sitúa en situación de exclusión social.
La modificación reglamentaria que se propone pretende asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes bajo la guarda y/o tutela de las Comunidades Autónomas, Sean considerados regulares a todos los efectos aún sin disponer de tarjeta de residencia, cuya obtención será considerada una mera formalización de la misma; que cuenten automáticamente con autorización de residencia y trabajo a partir de los 16 años y que obtengan autorización de residencia y trabajo concedida y vigente desde su ingreso en el sistema de protección, siempre que hayan alcanzado la edad laboral, y hasta los 18 años, eliminando la vigencia inicial de 1 año.
Otras modificaciones propuestas son que únicamente sean considerados indocumentados aquellos menores de edad que no dispongan de pasaporte o documento que acredite su edad e identidad. Y, en caso de no poder ser documentados a través de sus países de origen, serán documentados con cédula de inscripción tramitada de oficio; que los mismos puedan renovar su autorización de residencia y trabajo si cumplen con uno de los siguientes requisitos: acreditación de su incorporación real o potencial al mercado de trabajo; informe positivo de la entidad de tutela o informe de esfuerzo de integración. Se eliminan los requisitos de cotización y medios económicos y esta autorización tendrá vigencia de 2 años como todas las residencias renovadas.
También se solicita que puedan acceder a la autorización de residencia de larga duración tras haber estado 2 años bajo la guarda y/o tutela continuada de las entidades públicas de protección, conforme al Código Civil y lo relativo al acceso a la nacionalidad; que puedan solicitar, en caso de que no hubiesen sido documentados antes de alcanzar la mayoría de edad con la correspondiente tarjeta de residencia, en el plazo de 1 año desde su salida, la emisión de una tarjeta de residencia y trabajo que reconozca su antigüedad de residencia legal, retrotrayendo los efectos a la fecha de ingreso del menor de edad en el sistema de protección y que tendrá vigencia de 2 años, en caso de cumplir los requisitos previstos en el art. 197.
Asimismo, se propone que estas disposiciones se apliquen a los jóvenes que, si bien fueron menores de edad en algún momento desde el 1 de enero de 2018, no accedieron a la autorización de residencia que les hubiera correspondido, y aún hoy se encuentran en situación administrativa irregular, con el objetivo de poner fin a su situación de exclusión social.
Estas propuestas pretenden resolver las deficiencias del actual Reglamento, que no sólo no cumple con los compromisos internacionales suscritos por España, entre otras, respecto a la Convención de los Derechos del Niño, sino que tampoco da cumplimiento efectivo al art. 35.7 de la Ley de Extranjería, a la Ley de Protección Jurídica del Menor o a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al no considerar de manera primordial el Interés Superior del Menor.
El Reglamento actual multiplica trámites administrativos, diluye responsabilidades entre las distintas administraciones y no proporciona respuestas ágiles y eficaces a las necesidades reales de estos niños y niñas.
