El presidente dominicano Luis Abinader expresó este miércoles su indignación, rabia y gran dolor por la muerte de dos pastores evangélicos a manos de miembros de la Policía Nacional, por lo que advirtió que no tolerará que nadie esté por encima de la ley ni que pueda usarla a su antojo. «En este Gobierno la vida humana es sagrada. Y no vamos a tolerar que la violencia nazca de las propias fuerzas que deben combatirla», afirmó.
Informó que dio instrucciones precisas al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, para la cancelación inmediata de los agentes involucrados en tan horrendo hecho. Asimismo, el jefe de Estado instruyó para que se preste todo el apoyo y la ayuda necesaria a las familias de las víctimas, con quienes se comunicó por teléfono y les expresó su pesar.
«En este país no caben ya la impunidad, la arbitrariedad ni el abuso. Para nadie ni con nadie», sentenció el gobernante. Y enfatizó: «No podemos deshacer el daño causado, pero si les puedo asegurar que se hará justicia».
Estas declaraciones las pronunció el presidente Abinader durante una rueda de prensa realizada en el Palacio Nacional, en donde estuvo acompañado del ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez; el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza y la directora de Comunicaciones y vocera de la Presidencia, Milagros Germán.
Dijo que se comunicó con los familiares de los pastores para expresarles que, «con toda la fuerza de mi cargo, puedo trasladar a estas familias la determinación de todo un gobierno y de todo un pueblo de que no vamos a permitir un acto como este». «Esta triste noticia me reafirma aún más en mi compromiso irrenunciable de una reforma policial que sea integral, que se rija por protocolos éticos y que la lleve a ser un cuerpo que cuide y proteja a todos los ciudadanos dominicanos», manifestó el jefe de Estado.
El presidente manifestó que no hay palabras, pero tampoco hay derecho para que un hecho como el ocurrido suceda. El mandatario entiende que una actuación policial desproporcionada y fuera de los márgenes de la ley daña la convivencia pacífica y erosiona la credibilidad de las instituciones.
